La “Reforma laboral” aprobada, mediante el Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, modificó el abaratamiento de los despidos improcedentes.
Así, en caso de que el empresario no opte por la readmisión se obliga a abonar una indemnización de 33 días de salario por año de servicio, prorrateando por meses los periodos inferiores a un año hasta un máximo de 24 mensualidades para contratos suscritos a partir de la entrada en vigor de la citada Reforma. Los trabajadores con antigüedad anterior a Febrero/12 tendrán derecho a una indemnización de 45 días de salario por año de servicio hasta la fecha anterior a la entrada en vigor de la citada Reforma, el importe resultante no podrá ser superior a 720 días de salario (24 meses), salvo que por el periodo anterior a la Reforma resultase un número de días superior, en cuyo caso se aplicará éste como importe indemnizatorio máximo, sin que pueda ser superior a 42 mensualidades.
La Sala 4ª del Tribunal Supremo, en fecha 29/09/14, interpretó que siempre que se superasen los 720 días por el cómputo de antigüedad anterior a la Reforma, se debía permitir al recurrente acceder al límite de las 42 mensualidades, lo que provocó un incremento de las indemnizaciones y un malestar en los empresarios que se veían afectados por el incremento de los costes.
Posteriormente, ante la polémica y en unificación de doctrina, la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de fecha 23/02/16 resuelve que si la indemnización generada hasta el 12/02/12 supera los 720 días provocará que no se compute el tiempo trabajado después, topando el cómputo de la indemnización. Sólo el cómputo de la indemnización que no alcance el umbral de los 720 días por antigüedad anterior a la Reforma, podrá incrementar la cuantía hasta los 24 meses pero a razón de los 33 días por año en el periodo posterior a la Reforma de 2012.
Algunos opinan que esta interpretación, que vuelve a bajar los costes indemnizatorios por la destrucción de empleo, era la que pretendía la propia Reforma Laboral de 2012 abaratando los costes del despido improcedente.
